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MEDIDAS SOBRE TRANSPORTES, VIVIENDA Y SANCIONES

El Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, contiene medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda (BOE 8/7/2020).

Incluye sanciones por incumplimiento de medidas de seguridad en las empresas, mediante la DA 12ª, que modifica el art. 31 RDLey 21/2020, añadiendo lo siguiente:
«4. Se habilita a los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social integrantes del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social, y del Cuerpo de Subinspectores Laborales, escala de Seguridad y Salud
Laboral para vigilar y requerir, y en su caso, extender actas de infracción, en relación con el cumplimiento por parte del empleador de las medidas de salud pública establecidas en los párrafos a), b), c) del artículo 7.1, y en el párrafo d) del mismo, cuando afecten a las personas trabajadoras.
Dicha habilitación se extiende a los funcionarios habilitados por las comunidades
autónomas para realizar funciones técnicas comprobatorias, a los que se refiere el artículo 9.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.
5. El incumplimiento por el empleador de las obligaciones a las que se refiere
el apartado anterior constituirá infracción grave, que será sancionable en los
términos, por los órganos y con el procedimiento establecidos para las infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales, por el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
En el caso de incumplimientos de las administraciones públicas, se procederá
conforme al procedimiento especial previsto en el Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado, o en la normativa autonómica de aplicación.
6. El régimen previsto en los apartados 4 y 5 se podrá adaptar en lo que las
comunidades autónomas determinen dentro de su ámbito de competencias.»