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20/10/2021

IDENTIFICACIÓN PERSONAL AL TRASPASAR LA FRONTERA DE ESTADOS EUROPEOS

La Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2021 (C-35/20) parte de un procedimiento penal incoado contra ‘’A’’, nacional finlandés, por cruzar la frontera nacional de Finlandia a bordo de una embarcación de recreo sin ir provisto de documento de identidad o pasaporte, no obstante, su identidad se pudo comprobar gracias al carnet de conducir que el mismo portaba.

Ante ello, el fiscal inició diligencias penales contra A ante el Tribunal de Primera Instancia de Helsinki por un delito fronterizo de carácter leve, confirmando dicho tribunal el mencionado delito indicando que el hecho de que el interesado fuera titular de un pasaporte válido carecía de pertinencia a este respecto. A pesar de ello, a dicho ciudadano no se le puso pena ninguna.

El fiscal interpuso recurso de apelación contra dicha resolución. Recurso al que A se adhirió. Finalmente, el 15 de junio de 2018 el Tribunal de apelación de Helsinki desestimó el recurso al considerar que no concurría un delito fronterizo de carácter leve.

Posteriormente, el fiscal interpuso recurso de casación contra la sentencia de apelación ante el Tribunal Supremo de Finlandia, el cual indicó que el asunto había que examinarlo desde el punto de vista del derecho de la Unión. El órgano jurisdiccional se pregunta en que circunstancias puede la inobservancia de un documento de identidad dar lugar a una sanción, para ello, a juicio del órgano jurisdiccional, habrá que tener en cuenta los artículos 4 y 5 de la Directiva 2004/38 y el artículo 21 del Reglamento 562/2006 (arts 2,4,7,20 y 21).
Además, el órgano jurisdiccional se pregunta además si un régimen de días-multa es compatible con el principio de proporcionalidad. Indicó que para el año 2014, para unos ingresos netos de 1257€, la cuantía media diaria de una sanción de días-multa ascendía a 16,70€, pero precisa, que para este tipo de sanciones lo normal son 15 días-multa. . indicando que, teniendo en cuenta los ingresos de A, la cuota diaria de un día-multa ascendía a 6350€, de modo que el importe total que se le puede imponer es de 92250€.

No obstante, el Tribunal Supremo de Finlandia, acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular el artículo 4, apartado 1, de la Directiva [2004/38], el artículo 21 del Reglamento [n.º 562/2006] o el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular libremente en el territorio de la Unión, a la aplicación de una disposición de Derecho nacional que impone a una persona (independientemente de si es o no ciudadano de la Unión) la obligación de llevar consigo, so pena de sanción penal, un pasaporte u otro documento de viaje válido cuando viaje con una embarcación de recreo de un Estado miembro a otro atravesando aguas internacionales sin entrar en el territorio de un país tercero?
2) ¿Se opone el Derecho de la Unión, en particular el artículo 5, apartado 1, de la Directiva [2004/38], el artículo 21 del Reglamento [n.º 562/2006] o el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular libremente en el territorio de la Unión, a la aplicación de una disposición de Derecho nacional que impone a una persona (independientemente de si es o no ciudadano de la Unión) la obligación de llevar consigo, so pena de sanción penal, un pasaporte u otro documento de viaje válido cuando entre con una embarcación de recreo en el territorio del Estado miembro de que se trate procedente de otro Estado miembro atravesando aguas internacionales sin haber entrado en el territorio de un país tercero?
3) En caso de que el Derecho de la Unión no represente un obstáculo en el sentido de las cuestiones prejudiciales primera y segunda, ¿es compatible con el principio de proporcionalidad que impone el artículo 27, apartado 2, de Directiva [2004/38] la sanción de días-multa prevista normalmente en Finlandia por cruzar la frontera del Estado finlandés sin llevar consigo un documento de viaje válido?».

Ante este planteamiento, el tribunal europeo resuelve:

1) El derecho de los ciudadanos de la UE a la libre circulación previsto en el artículo 21 TFUE, apartado 1 y que pormenoriza la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, debe de interpretarse habida cuenta de las disposiciones sobre el cruce de fronteras que figuran en el Reglamento (CE) 62/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2005, en el sentido de que no se opone a una normativa nacional por la que un Estado miembro impone a sus nacionales la obligación, sujeta a sanción penal en caso de inobservancia de documento de identidad o de un pasaporte, cuando realizan un viaje otro Estado miembro, siempre y cuando dicho régimen sancionador sea compatible con los principios generales del Derecho de la UE y, entre ellos, concretamente los principios de proporcionalidad y de no discriminación.

2) Que la obligación de portar un documento de identidad o pasaporte válido no se opone a la normativa nacional siempre y cuando tal obligación no condiciones el derecho de entrada y de que el régimen sancionador previsto para el caso de inobservancia de la mencionada obligación sea compatible con los principios generales del Derecho de la UE (proporcionalidad y discriminación) y que, además, el supuesto que nos atañe en el presente caso se incluye en las condiciones previstas en el punto 3.5.2, segundo párrafo, del anexo 6 del Reglamento 562/2006, entre los supuestos en los que se puede requerir la presentación de tal documento.

3) El artículo 21 TFUE, apartado 1 y los artículos 4 y 36 de la Directiva 2004/38, en relación con el artículo 49, apartado 3, de la Carta de los DDFF de la UE, se oponen al régimen de sanciones penales que concierna este caso, indicando que no es proporcional la gravedad de la presente infracción con la pena de multa de esa naturaleza no es proporcional que la gravedad de la infracción cometida.






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